Estado y sociedad en Bolivia en los tiempos del coronavirus

 Fernando Molina

La llegada de la pandemia de coronavirus al país ha hecho patente una noción politológica que se había acuñado con anterioridad dentro del debate intelectual sobre Bolivia: la debilidad del Estado y la paralela fortaleza (o hegemonía) de la sociedad civil.

Comencemos por la debilidad del Estado. Esta ha sido diagnosticada de muchas formas tanto por la derecha como por la izquierda bolivianas. Dentro de la primera corriente, se ha hablado de desinstitucionalización, poca gobernabilidad, mala gobernanza y algún autor incluso ha defendido la tesis del “Estado fallido”. Dentro de la izquierda, los tópicos han sido los de Estado capturado (el “Súper Estado Minero” de antes de la Revolución Nacional) y luego del deficiente “Estado del 52” y del Estado sin nación (ya fuera porque no lograba expresar a esta o porque no conseguía crearla). Otros conceptos manejados por los autores izquierdistas han sido los de “Estado con huecos” y de “Estado monocultural” (y, por tanto, racista).

No todas estas críticas han tenido como referencia el mismo paradigma de un Estado idóneo ni una única idea sobre los objetivos históricos precisos respecto a los cuales debiera establecerse tal idoneidad. Sin embargo, en conjunto prueban la existencia de un contraste entre la situación real del Estado y los ideales políticos que abrigaban las diferentes corrientes políticas bolivianas. En otras palabras, expresan una insuficiencia transversal del Estado: indican que este, sin importar para qué se lo quiera usar, carece de una entidad básica y una eficacia mínima.

La ausencia del Estado weberiano

El Estado Nación es una construcción moderna. Uno de los análisis más influyentes de esta innovación ha sido el de Weber, que describió al “Estado de masas” como un sistema de aparatos manejados por una burocracia técnica que, sin dejar de desarrollar intereses propios, intentaba representar la perspectiva universal/racional frente a una sociedad de la cual se había independizado relativamente. 

Este tipo de Estado falta o es muy incipiente en Bolivia. Tal ausencia, que podía haber sido considerada ventajosa en ciertas circunstancias y desde determinadas perspectivas, resulta dramática hoy en día, cuando el mundo debe enfrentar la pandemia del coronavirus sin más esperanza que la que pueden proporcionarle los recursos de la modernidad, entendida como organización tecnológico-desarrollista de la vida social.

Desde esta perspectiva, cabe resumir los problemas existentes hoy en la siguiente lista: a) Dificultades para prever los sucesos que son probables y anticiparse a ellos; b) dificultades para poner al personal gubernamental a trabajar de manera coordinada y centralizada, y falta de liderazgos burocráticos; c) dificultades para obtener y difundir la información sobre el avance de la enfermedad y para usar la ciencia como guía de las decisiones políticas; d) falta de personal médico capacitado y comprometido, y necesidad de negociar con este personal, agrupado en diversos sindicatos y asociaciones que buscan proteger a sus miembros antes que contribuir al desempeño global del Estado contra la enfermedad, e) uso errático o parcializado de la coerción pública, y f) desprotección de los súbditos bolivianos en el extranjero y de otros colectivos vulnerables.

A lo largo de su historia, Bolivia no ha logrado poner en pie un Estado weberiano. Por el contrario, de manera reiterada, diversos factores estructurales y coyunturales han impedido la formación de una burocracia independiente (una “clase burocrática”) y la creación de instituciones públicas dotadas de lógica propia y de calidad. Tanto la derecha como la izquierda, tanto las élites como las contra-élites, cada una a su turno, han destruido los procesos de formación de esta burocracia y de estas instituciones. En lugar de producir y respetar procedimientos reglados de reclutamiento de los funcionarios y de funcionamiento de la cosa pública, los gobiernos de todas las líneas ideológicas, y en representación de muchos sectores distintos de la sociedad, han creado y recreado formas clientelares de distribución de los cargos públicos, inclusive de los de carácter puramente técnico, como los del área de salubridad. Y, en parte como respuesta a esto, y en parte por la adopción de una estrategia rentista –es decir, de parasitismo social del Estado–, determinados grupos de funcionarios, lejos de haber sido una burocracia racionalizada, han actuado como grupos de interés exclusivamente comprometidos con ellos mismos.

Clientelismo y rentismo son, claro está, dos lados de la misma moneda: la del aprovechamiento corporativo del Estado. Tenemos entonces que, a lo largo de la historia, la sociedad civil boliviana –considerada como una red de relaciones corporativas– ha socavado las estructuras y minado los recursos estatales de distintas maneras y con diferentes pretextos, para obtener como resultado el “vaciamiento” del aparato público, el bloqueo sectorial de la “voluntad general” y la subordinación de esta a la correlación de fuerzas del momento. 

Esto significa que la fortaleza (o hegemonía) de la sociedad civil en Bolivia ha tenido como efecto inexorable el debilitamiento del Estado nacional. Una cosa no habría podido ocurrir sin la otra. Cada vez que han tenido el poder y, por tanto, la oportunidad, los actores políticos, de derecha o de izquierda, de la élite o de la contra-élite, han preferido incrementar el poder de los grupos sociales con los que mantenían una relación corporativa a costa de la fortaleza y el bienestar del Estado; en otros casos, se han abstenido de potenciar al Estado (por ejemplo con programas de reclutamiento racional de la burocracia) a fin de mantener el poder de determinados grupos sociales con los que se hallaban conchabados.   

Si esto es cierto, otras dos cosas también lo son: a) la incoherencia de las distintas corrientes ideológicas bolivianas que han diagnosticado y criticado con mayor o menor adecuación teórica el fenómeno de la “debilidad estatal” y, al llegar al poder, han repetido las prácticas tradicionales orientadas a fortalecer a la sociedad (a las corporaciones) a costa del debilitamiento del Estado; b) la inexistencia de actores sociales genuinamente interesados –es decir, interesados por razones materiales– en la construcción de un Estado weberiano, el cual absorbería recursos y poder de la sociedad, debilitándola, y acabaría con la influencia de las corporaciones sobre las decisiones públicas. 

Por su propia conveniencia, ambos lados de la polarización política nacional han preferido un Estado heterónomo y determinado y, en consecuencia, han tenido que tolerar sus inconvenientes (su veleidad, su falta de objetividad y su corrupción) cuando las vicisitudes políticas lo orientaban en contra de ellos mismos. Pensemos lo sucedido en el último periodo histórico. En este lapso, la alternancia en el poder y la sustitución de la élite por la contra-élite, y viceversa, han sido procesos de características revolucionarias o, según el caso, contrarrevolucionarias, porque el Estado ha estado a disposición del lado más fuerte, que así ha podido usarlo como un instrumento partidista. Afortunadamente, la violencia que los contendores han podido ejercer durante este tiempo ha estado limitada por el carácter democrático del Estado. Sin embargo, el solo hecho de que el “monopolio legítimo de la violencia” se haya usado de forma partidista resulta radicalmente incompatible con la existencia de un Estado de tipo weberiano.

Una digresión libresca

De lo dicho se desprende la siguiente conclusión: la debilidad del Estado, y la simultánea fortaleza de la sociedad civil, constituyeron en Bolivia las condiciones de posibilidad del surgimiento de movimientos políticos de tipo revolucionario y contrarrevolucionario. En la terminología gramsciana, de “guerras de maniobra”. No se nos esconde que esta hipótesis se encuentra en aparente contradicción con la afirmación del mismo Gramsci de que estas “guerras de maniobra” se desplegaban principalmente en los países en los que “el Estado es todo” y la sociedad civil, en cambio, es fluida y desagregada, países que Gramsci ubicaba en el “oriente” de su planeta politológico. En cambio, Gramsci ponía en el “occidente” a los países con una sociedad civil poderosa y un Estado subordinado, y consideraba que la estrategia correcta en estas condiciones era la “guerra de posiciones”: un cambio progresivo de la cultura y una serie de aproximaciones acumulativas al poder en un contexto democrático-parlamentario. 

La contradicción, en realidad, es aparente. Aquí damos al concepto de “sociedad civil” un significado distinto a la definición clásica, que es la que generalmente usaba Gramsci. Según esta, la sociedad civil equivale a la suma de las instituciones privadas y las relaciones económicas capitalistas, y, en sentido lato, también al conjunto de instituciones y procesos de índole educativa y cultural. Gramsci pensaba en la sociedad civil como el reino de la hegemonía burguesa. Esta perspectiva no es aplicable en Bolivia, donde la burguesía ha tenido naturaleza fantasmal. Como hemos visto, ella y sus clases aliadas han desempeñado un papel corporativo, porque no han podido dejar de ser rentistas. Aquí, la sociedad civil ha sido una suerte de sucedáneo del Estado, y no un bastión de la cultura burguesa y del parlamentarismo. Por eso, cuando en este texto hemos hablado de la “sociedad civil boliviana” nos hemos referido, más bien, a un denso tejido de relaciones interpersonales y corporativas: a una red de “grupos de interés”. 

Bolivia se ubica en una fase primitiva del desarrollo político, en una fase que podríamos llamar “mercantilista” de la democracia, en la que la burguesía es una fracción más en el mosaico de las clases medias, algunos grupos sociales aún muestran aspectos estamentales, ya que obtienen rentas y privilegios político-simbólicos de sus fenotipos y sus apellidos, y el flujo social discurre en los estrechos marcos corporativos. Gramsci tiene una caracterización para esta etapa. La llama, justamente, “corporativa”. En ella se produce una “confusión entre la sociedad civil y el Estado”, es decir, ni el Estado puede autonomizarse para convertirse en una maquinaria ni la sociedad civil puede superar su dependencia del Estado para convertirse en el espacio de la acumulación y la hegemonía ética y cultural.

La ideología involucrada

Hay al menos tres asuntos ideológicos o de historia intelectual relacionados con las cuestiones que estamos tratando; a saber: a) las posiciones que han mantenido los intelectuales de derecha e izquierda respecto a las características levantiscas y expansionistas de la sociedad civil y a su aparente preparación para la “guerra de maniobra”; b) las posiciones disímiles de los intelectuales respecto a la forma que debería tener la reforma del “Estado invadido” o del “Estado capturado” y c) las justificaciones antagónicas de la “fase corporativa” del desarrollo político nacional o, lo que es lo mismo, del rechazo de la construcción de un verdadero Estado weberiano.

a) Posiciones sobre la hegemonía de la sociedad civil

La amplia auto-organización, la intensa capacidad de movilización, el interés y compromiso políticos, la audacia histórica de los grupos sociales bolivianos han sido establecidos como valores y admirados por los historiadores y ensayistas de izquierda, al menos desde La justicia del Inca, publicado por Tristán Marof en 1927. Usando la sociología del siglo XX, autores como Marof, Montenegro, Zavaleta y Lora identificaron a esos grupos como “clases sociales” y “frentes de clases” y los consideraron, de forma esencialista, conglomerados progresistas. Los marxistas pusieron en la vanguardia de las “guerras de maniobra” a la clase obrera, en tanto que los nacionalistas postularon una “alianza de clases nacionales”, que había de ser dirigida por la clase media esclarecida o, en otros casos, por el proletariado. Ya en el actual siglo, la izquierda cambió su definición del “sujeto social”, saltando de las clasificaciones clasistas a categorías más amplias, como “indígenas originarios campesinos” y “multitud”, a las cuales se atribuyó un “poder constituyente” o de remodelación del orden social existente; poder que también era posible reducir, al menos en parte, al concepto gramsciano de “guerra de maniobra”.

Los historiadores y ensayistas de la derecha, por su parte, tomaron nota de la vitalidad y la efervescencia de la sociedad civil, pero simultáneamente vieron con aprehensión y actitud crítica su activismo irregular y su interferencia en el orden estatal. En Las matanzas de Yañez (1886), Gabriel René Moreno observó con simpatía que el “populacho” de La Paz hubiera vengado al hermano, al yerno y a otros seguidores de Belzu ajusticiando al prefecto militar que había mandado a asesinarlos, Plácido Yañez, un hombre del gobierno de José María de Achá que este no parecía dispuesto a castigar. No obstante, el gran escritor cruceño también se condolió –sarcásticamente– de la inexistencia de instituciones que hubieran podido negociar civilizadamente con la oposición política, parar los crímenes antes de que se produjeran o, por lo menos, sancionar con justicia a sus responsables. Moreno se dio cuenta de que nadie en el país estaba realmente interesado en asegurarse de que el “populacho” se viera impedido de reemplazar otra vez la acción de las autoridades legítimas. Ni la élite ni la contra-élite de antes de 1880 se podían comprometer con esto porque: i) siempre podrían necesitar fuerza de masas en una asonada ulterior y ii) habrían tenido que modernizar sus métodos de ejercicio del poder, lo que les resultaba odioso.

En la misma época que Moreno, Mariano Gumucio Caserta deploraba el carácter tornadizo, superficialmente innovador e imitativo de los sectores liberales de la política nacional, que eran los que, entonces, movilizaban a la población. Este argumento sería repetido por el conservadurismo nacional durante todo el siglo siguiente, apareciendo en obras por lo demás tan disímiles como la de Carlos Medinaceli y la de Jorge Siles Salinas. Este último escritor repudió las tendencias revolucionarias del pueblo, que los demagogos usaban para romper el orden tradicional, a cuyo cuidado y mejoramiento debía estar consagrada la buena práctica política.

b) Posiciones sobre la reforma del “mal Estado”

Aunque los pensadores de izquierda y derecha coincidieron, como ya vimos, en su oposición al carácter subordinado del Estado nacional (esto es, a su “confusión” con la sociedad civil), para unos se trató de su subordinación a las corporaciones populares y, para los otros, de su subordinación a las clases burguesas y pequeño burguesas dominantes. 

Tradicionalmente, el liberalismo ha rechazado al Estado para mejor poder exaltar a los individuos que, organizados por un contrato, constituían la sociedad civil liberal. Ha supuesto que estos no podrían entregar todo el potencial de su creatividad –la cual emergía de su libertad– si se los impedían las prohibiciones tradicionales o si eran encaminados por un centro de decisión burocrático. Esta es una de las ideas rectoras de La política liberal formulada por el jefe del partido General Don Eliodoro Camacho (con un apéndice que comprende la teoría del liberalismo) de 1887.

El ideal tradicional de Estado liberal ha sido el denominado, con cierto desprecio, “Estado gendarme”, limitado a ejercer coerción para garantizar la propiedad, la seguridad personal y los derechos políticos de los ciudadanos. A fines del siglo XIX, la concreción de este ideal encontraba dos obstáculos: el cesarismo de los militares iluminados y el gobierno aristocrático de los conservadores que podían comprar votos para llegar al poder. El liberalismo, en cambio, aspiraba a crear un régimen en el que valiera la ley, no el caudillo; en el que importara que haya orden institucional, no que el propósito o el dirigente de una “revolución” sean buenos o malos. Por tanto, el aparato estatal debía asentarse exclusivamente en la asamblea de electores y no había ninguna necesidad nacional mayor que lograr la libertad electoral. Siguiendo la doctrina utilitarista, Camacho y los suyos pensaban que una democracia censitaria pura, sin sobornos ni fraudes, necesariamente generaría buenos gobiernos. 

La crítica a las clases dominantes que se halla implícita en este análisis constituye el antecedente de una larga serie de llamados progresistas a superar la subalternidad del Estado respecto de la élite tradicional, y a, simultáneamente, entregar el poder a la ciudadanía. Posteriormente, esta actitud pasaría del liberalismo –que terminaría convirtiéndose en parte del establishment– a la izquierda nacionalista y marxista. 

Podemos decir, en síntesis, que la reforma estatal del liberalismo tradicional consistía en el adelgazamiento del Estado a su mínima expresión de “gendarme”, y prohibía que el aparato político intentara dirigir la actividad económica nacional. También se oponía a la existencia y la acción de las corporaciones sociales. En los años 80 y 90 del siglo XX, el neoliberalismo retomó algunos de estos motivos. Consideró al Estado que había surgido de la Revolución Nacional (“Estado del 52”) como su peor enemigo, porque era un Estado intervencionista y planificador, y porque había sido invadido por los sindicatos y otras corporaciones populares. Se propuso devolverle el papel de “Estado gendarme”, que en ocasiones teorizaba como si fuera el “Estado weberiano”, pero que nunca equivalió propiamente a este, porque, aunque aquel tendía a independizarse de la sociedad civil como red corporativa, en cambio no se planteaba siquiera su autonomía respecto de la sociedad civil como interés privado y como hegemonía de la burguesía. Al contrario, en los años 80 y 90 la élite tradicional reafirmó su control informal y extra-democrático sobre el Estado, que usó para proteger sus intereses económicos y enriquecerse (“capitalismo de camarilla”). Con ello, no logró levantar ni siquiera un “Estado gendarme”, toda vez que, según se supone, un gendarme no debe recibir dinero ni órdenes de nadie. Esta es la autocrítica que podemos hacernos quienes en su momento apoyamos este proyecto de racionalización estatal. Todavía hace falta escribir un texto que justifique plenamente estas aseveraciones.  

Uno de los mejores análisis contemporáneos de la presión que las corporaciones han ejercido sobre el Estado por medio del “conflicto social” y para disputar el acceso a rentas públicas de distinta índole, puede encontrarse en la obra de Roberto Laserna (La trampa del rentismo y La democracia en el ch’enko), que corona la serie de trabajos que, dentro del pensamiento liberal, se produjera en los años 90. Para Laserna, la hegemonía de la sociedad civil sobre el Estado se debía al rentismo, es decir, al uso del Estado como instrumento de aprovechamiento de las rentas generadas por los recursos naturales y otros monopolios públicos; a la vez, el rentismo impedía que esta hegemonía tuviera un propósito constructivo. Entonces, la solución a la cuestión del Estado subordinado (o, habría que decir en este contexto teórico, asediado) consistía en el alejamiento del Estado de las tentaciones y oportunidades rentistas, por medio de la privatización de las fuentes de renta o de las rentas mismas. Laserna no hacía referencia a la cuestión de la subordinación del Estado ante la élite tradicional ni a las consecuencias económicas, desde el punto de vista liberal, de dicha subordinación: ausencia de un verdadero “Estado gendarme” y “capitalismo de camarilla”. Tampoco ahondaba en la cuestión de la sostenibilidad que pudiera llegar a tener un “Estado gendarme” en un país en el que la principal riqueza era de carácter no renovable y, entonces, se consideraba un bien común. Su planteamiento de reforma, por tanto, apuntaba a un “Estado gendarme elitista”, en guerra con las corporaciones sociales, que, detalles más o detalles menos, había sido el Estado boliviano de los años 80 y 90 del siglo pasado.

Por otra parte, el nacionalismo revolucionario (NR) se ha opuesto tenazmente al ideal del “Estado gendarme”, en primer lugar, y al Estado cooptado por los grandes poderes económicos que terminó siendo la concreción boliviana de este ideal. En la primera mitad del siglo XX denunció, no sin exageraciones, la subordinación del Estado a la “rosca minero-feudal”, como puede leerse en los libros de Montenegro, Céspedes, Albarracín y muchos otros intelectuales del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

El “Estado del 52” fue construido por el MNR para: a) centralizar las rentas de los recursos naturales no renovables y b) permitir que las corporaciones sociales accedieran a ellas a través de una relación clientelar con la burocracia estatal. Tales fueron los resultados de un conjunto de políticas revolucionarias estrechamente relacionadas entre sí: la nacionalización de las minas, el control obrero y el cogobierno de la Central Obrera Boliviana (COB) con el MNR.

La izquierda marxista entendió la participación de la COB en los gobiernos revolucionarios como un signo de “dualidad de poderes”. Esta definición suponía una incompatibilidad esencialista entre las clases medias que controlaban al MNR y la clase obrera que controlaba a la COB. Pero esta incompatibilidad no se verificó en los hechos. En lugar de tratar de construir su propio Estado, la clase obrera admitió la posibilidad de compartirlo con el MNR, lo que terminó convirtiéndola en parte de la burocracia nacionalista. En lugar de dualidad de poderes, se produjo una componenda de poderes posibilitada por el rentismo y orientada a la defensa del “Estado del 52” frente a las acciones de la élite tradicional que –desplazada del poder y en competencia con las corporaciones sociales– quería socavar este Estado para que tendiera asintóticamente hacia el “Estado gendarme”, superador del corporativismo social.

A comienzos de los años 80, el capitalismo de Estado que el “Estado del 52” había creado por presión y para beneficio de las corporaciones quedó desfinanciado, dando espacio, una vez más, al proyecto neoliberal de reforma estatal.

En el periodo de Evo Morales, se intentó sustraer al Estado neoliberal precedente del control de la sociedad civil entendida como interés privado y restaurar el “Estado del 52” hegemonizado por la sociedad civil entendida como red corporativa. Intelectuales como Luis Arce, autor de El Modelo Económico Social Comunitario y Productivo o Álvaro García Linera, en su obra literaria posterior a 2006, no hicieron más que continuar las ideas ya expuestas por la primera generación de teóricos del NR. 

La restauración del “Estado del 52” significó el retorno –y aggiornamiento–  del “capitalismo de Estado” (expansión de la economía pública, sin eliminación de la privada, y sujeción de muchas actividades económicas, en principio libres, a diferentes procesos de centralización y planificación). Como hemos dicho, esto no fortaleció al Estado, solo lo hizo más grande: inflado, pero igualmente desinstitucionalizado, ineficaz y vulnerable a la acción corporativa.

Si el primer ciclo del “capitalismo de Estado” duró más de 30 años, hasta que la crisis económica lo cortara en los 80, la segunda oleada podría terminar durando solo la mitad, ahora que ha sido detenida por la estruendosa caída de Morales del poder y por la tendencia de sus sucesores en el gobierno a ejercer un “movimiento de péndulo” y reformar una vez más el Estado en sentido liberal. Dependerá de lo que ocurra en los próximos años.

c) Justificaciones de la fase corporativa (o del rechazo del Estado weberiano)

 El NR ha convertido la subordinación del Estado a la sociedad en una virtud, pues le daba al primero un “carácter” verdaderamente nacional y democrático. García Linera ha llegado a sostener que la naturaleza más o menos democrática del Estado dependía de la cantidad de representantes plebeyos que ocuparan posiciones dentro de él y de la importancia de estas posiciones. Su ideal ha sido, por tanto, un Estado grande y poderoso, pero no un Estado weberiano, es decir, un Estado que fuera manejado de una forma mensurablemente eficaz por una burocracia relativamente autónoma de la sociedad. 

El neoliberalismo y el neoconservadurismo han confundido el Estado weberiano con su el “Estado gendarme” manejado como una meritocracia. Sin embargo, existe una importante diferencia entre una meritocracia, esto es, un régimen político-administrativo totalmente asentado sobre la valoración del capital educativo de sus miembros, y un régimen burocrático racional, como el que Weber considera adecuado para un Estado de masas moderno. ¿En qué consiste esta diferencia? En un país como Bolivia el capital educativo está muy desigualmente distribuido y su posesión se halla relacionada de manera estrecha con la condición racial. Por tanto, el reclutamiento y funcionamiento de la burocracia no puede basarse en el mérito académico, aunque lo incluya. Tan necesario como contar con este es lograr que esta burocracia sea socialmente representativa y tenga capacidad intrínseca para neutralizar las presiones corporativas. Lo mismo ocurre con las instituciones de un Estado weberiano: estas, para ser racionales (eficientes, sostenibles, etc.), deben dejar de estar permanentemente manejadas por los miembros de una sola clase social y un solo grupo racial.

¿Podemos construir un Estado weberiano (moderno) en Bolivia? 

No es fácil decir qué clase o segmento de clase bolivianos podrían ganar con la racionalización consecuente y la autonomía del Estado. La élite tradicional, compuesta por propietarios de tierras y empresas, y por los miembros socialmente más encumbrados de la clase media intelectualizada, todos ellos blancos, perdería con tal reforma un instrumento que ha podido dominar la mayor parte del tiempo, gracias a sus grandes dotaciones de capital económico, educativo y étnico-simbólico. Como resulta obvio, la hipotética creación de una burocracia verdaderamente nacional y de instituciones fuertes y autónomas, de realizarse, cuestionaría su “privilegio de mando” y, al incorporar a sectores sociales plebeyos al Estado, desestabilizaría la primacía del estatus blanco con el que esta élite se encuentra estrechamente relacionada. 

Una clase dominante solamente puede comprometerse con el montaje de un Estado impersonal y racionalista cuando: a) es una clase moderna, esto es, saca sus ingresos y ventajas de su desempeño en el mundo productivo, a partir de relaciones objetivas y libres de la influencia de los privilegios de nacimiento, étnicos o de estatus; b) sus componentes pueden obtener más rentabilidad de actividades volcadas hacia el “mundo exterior”, que de la disputa con otros sectores de su misma clase en torno al control del Estado; y c) cuando el Estado no constituye la principal fuente de riqueza y la movilidad interclasista puede ser propiciada por otra clase de prácticas que la política. 

Evidentemente, estas condiciones no están presentes en Bolivia. La clase dominante boliviana –o la élite tradicional, si se define desde un punto de vista político– ha sido demasiado pobre, en términos netos, y demasiado discontinua en el tiempo y el espacio, como para, pese a su ideología liberal, poder prescindir del Estado como medio directo de dominio de la nación, como mecanismo de enriquecimiento personal y grupal, y como plataforma de ascenso simbólico y reputacional.

Frente a la élite se ubica la contra-élite, formada por la clase media menos encumbrada socioeconómicamente, de raíz chola e indígena, y por los distintos grupos de trabajadores de similar procedencia étnica. A despecho de su ideología estatista, este bloque social, como hemos visto, solo ha agrandado el Estado para ponerlo de inmediato al servicio de la sociedad (del partido, del grupo económico, del sindicato) y no para darle, por así decirlo, “vida propia”. Tanto por razones ideológicas como lógicas, la contra-élite lucha por la hegemonía de la sociedad civil sobre el Estado.

Por supuesto, no debemos ser deterministas. Siempre existe la posibilidad de que se produzcan cambios históricos que afecten de formas impredecibles a las clases, o que una reforma weberiana sea impulsada por causas directamente “intelectuales”. Si tan solo la necesidad de un Estado weberiano se hiciese carne en un grupo de pensadores y políticos que luchase por esta bandera de manera consecuente… 

La pandemia está creando necesidades inéditas, que quizá puedan hacer más viable una reforma. Desnudos como están ante la amenaza del virus, a causa de su carencia de un Estado weberiano, a mediano plazo los bolivianos pueden reaccionar apelando a sus formas organizativas usuales, esto es, a las corporaciones y los privilegios de clase (ya existen indicios de ello: algunos sectores corporativos y de élite se están dotando de servicios médicos exclusivos, que les permitirán eludir los empobrecidos centros públicos de salud) o, en cambio, pueden intentar cambiar.

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[1] Periodista y escritor. Es autor de varios libros sobre Bolivia, en especial sobre su historia de las ideas y su historia contemporánea. Los últimos son Pensadores bolivianos IV. Carlos Medinaceli (Libros Nómadas, 2019), y El cholo dionisiaco y otros ensayos de filosofía política (Libros Nómadas, 2018). Ha escrito numerosos artículos sobre política, economía y cultura bolivianas en medios de La Paz, Santa Cruz, Buenos Aires, Santiago de Chile, México y Madrid. Algunos de ellos han sido traducidos al francés y el inglés. Desde principios de 2015 es colaborador del diario español El País. En 2012 obtuvo el Premio Rey de España de Periodismo Iberoamericano.